Los trabajadores jurídicos cubanos celebran su día, este 8 de junio, en un contexto especial, envueltos en la compleja actualización del ordenamiento jurídico, tras la proclamación, el pasado 10 de abril, de la nueva Constitución de la República de Cuba.
Oscar Manuel Silvera, Ministro de Justicia, califica de muy compleja esa tarea:
“Ahora estamos en pleno proceso de elaborar el proyecto de Plan Legislativo Nacional del Estado y del Gobierno, que es la previsión de normas jurídicas de rango superior que le sigan dando salida a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución; la actualización de las vigentes con respecto a la Constitución, y lo que nosotros llamamos el procedimiento común, es decir, las que emiten los organismos y órganos del Estado, que no clasifican ni en uno ni en otro de esos dos esquemas de trabajo, pero de todas maneras hay que hacerlas.
“Casi todos los organismos han propuesto varias normas concretas. Esas variantes forman el Plan legislativo que debemos presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en septiembre. En los meses subsiguientes, antes de diciembre, la Asamblea debe aprobarlo y entonces el Ministerio de Justicia asumirá la función rectora, metodológica y de control de dicho plan".
“Imagínese la alta responsabilidad que tenemos en eso, además de participar en la mayoría de los grupos de trabajo temporales que sean creados para la gestión de proyectos legislativos, a partir de la iniciativa legislativa y todos otros detalles de la actividad del país.
“Comparto la opinión de algunos estudiosos del tema, quienes dicen que es el proceso legislativo más intenso en la Historia de Cuba, como nación, porque no solamente hay una cantidad importante de normas jurídicas que hacer, y una actualización del ordenamiento jurídico, sino también hay una decisión política de que se haga en un tiempo relativamente breve.
“Nosotros, los juristas, nos sentimos muy comprometidos, muy honrados y orgullosos de esa tarea, pero también muy conscientes de que es muy compleja y tenemos que hacerla bien.
“Participan todas las instituciones del sector jurídico: el Ministerio, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; los tribunales, la Fiscalía General de la República, además de todas las instituciones, los organismos de la Administración Central del Estado, todas las direcciones jurídicas.
“Y en esos caminos, hemos ido dando pasos en el fortalecimiento de las relaciones con todas esas entidades, con las universidades” —precisa el ministro.
Por su parte, el doctor Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, hace un análisis académico del proceso:
“Vivimos tiempos de reformas en el ámbito constitucional, lo cual supone sentar las pautas de nuestro estado de derecho, pues la supremacía constitucional, como principio que sustenta e informa el Derecho, impone el respeto a la Constitución y la interpretación y aplicación del Derecho conforme con sus principios, dada la jerarquía de la Constitución como pórtico del Derecho.
“Igualmente, presupone la aplicación directa de la carta magna, al dejar de ser vista solo como norma suprema con sentido programático, para devenir norma suprema con vocación normativa y de obligatoria aplicación por los operadores del Derecho.
“Y es cierto que, en este orden, se estremecen todos los subsistemas o ramas del ordenamiento jurídico.
“La Constitución, como fiel reflejo de la sociedad cubana contemporánea, ha de expresar el Derecho que se defiende y se construye.
“De manera que, tras su aprobación, las futuras normas infraconstitucionales, o normas jurídicas de desarrollo, deben responder a los principios, valores, derechos, deberes y garantías reconocidos en la Carta Magna.
“En tanto, las normas que ya están vigentes, han de ser interpretadas y aplicadas conforme con el espíritu que encarna la nueva Constitución de la República de Cuba.
“Se trata de atemperar su dictado a dichos principios, de modo que sus intérpretes, esencialmente los jueces, han de aplicarlas con sentido evolutivo, con una visión sociológica del Derecho, para evitar su petrificación, por un lado, y superar la inconstitucional sobreviniente, por el otro.
“El gran desafío derivado de esta Constitución es su aplicación, ya sea como norma suprema, con eficacia directa, como cúspide de todo el ordenamiento jurídico, a partir de la supremacía constitucional que reconoce el Artículo 7, o a través de normas de desarrollo, que actúan como venas que irrigan el torrente jurídico, a partir de los postulados constitucionales, situados en la arteria principal de todo el sistema jurídico del Estado, que es la Constitución.
“En fin, asistimos hoy a un renacer del sistema de Derecho cubano”.
Así enfrentan los juristas la maratónica y delicada misión que les corresponde liderar, en los próximos meses.
El 8 de junio fue instituido en Cuba como Día del Trabajador Jurídico, en homenaje al mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz, uno de los más insignes jefes del Ejército Libertador, quien defendió brillantemente su tesis de licenciatura en Derecho Civil y Canónigo en esta fecha, de 1865.
Agramonte se ganó el cariño y el respeto de sus subordinados —quienes lo llamaban sencillamente "El Mayor"—, por haber sabido imponer estricta organización y disciplina a sus tropas, por su arrojo y valentía, combinada con una gran inteligencia táctica y un sentido inmaculado del honor y la justicia.
La Historia también lo reconoce como "El Bayardo", y es un símbolo de gallardía, patriotismo y valor.
