Los diputados cubanos aprobaron por unanimidad la Ley Electoral, en un ejercicio impostergable, ya que no solo da inicio a la instrumentación de los postulados de la Constitución, respaldada por la mayoría de los ciudadanos en referendo popular, el pasado 24 de febrero, y proclamada en abril.

La nueva norma también es imprescindible para que, en octubre, la Asamblea Nacional del Poder Popular pueda elegir a su presidente, vicepresidente y secretario y, posteriormente, constituir el Consejo de Estado.

Esta Ley se adecua al mandato constitucional y, por tanto, incluye las modificaciones previstas en las estructuras del Estado y del Gobierno, pero preserva y refuerza los principios del sistema democrático propio del socialismo cubano.

Por tanto, mantiene la actual responsabilidad del pueblo en la nominación y elección de los delegados a las asambleas municipales y los principios vigentes en la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, su presidente, vicepresidente, secretario, los miembros del Consejo de Estado, y el presidente y vicepresidente de la República.

Uno de los falaces y malintencionados “argumentos” de los enemigos de la Revolución para desacreditar a la democracia cubana es que, supuestamente, los electores no votan por el presidente y las demás principales autoridades del país.

Todos y cada uno de los ciudadanos que tienen la posibilidad de ser electos para ocupar esos cargos, por mandato constitucional, tienen que ser diputados, por tanto, previamente pasaron por un riguroso escrutinio que incluyó la aprobación popular, mediante el sufragio universal, directo y secreto de los electores del territorio que representan en el parlamento.

La mitad los diputados son también delegados de base, propuestos, nominados y electos en la propia circunscripción donde residen.

Este modelo de proceso electoral se incluye en la categoría de elecciones de segundo grado, empleada en numerosos países, pero en Cuba, además, se distingue por los rasgos de democracia participativa, lo que no ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos.

Allí tampoco hay elecciones directas, e incluso, el voto popular no determina la elección del presidente y el vicepresidente; de hecho, el actual mandatario norteamericano, Donald Trump, fue electo por delegados territoriales y no obtuvo el respaldo de la mayoría de los votantes en la base.

Significativamente, al Gobierno de los Estados Unidos, que desconoce la democracia cubana, no le preocupa que muchos de sus aliados practiquen elecciones de segundo grado, o tengan procesos eleccionarios escandalosamente fraudulentos o, sencillamente, no celebren ningún tipo de sufragio, porque sean monarquías.

Desde los puntos de vista estructural y de procedimiento, la nueva Ley Electoral cubana se diferencia de la anterior en varios aspectos.

El número de miembros del Consejo de Estado se reduce a 21, incluidos el presidente y el vicepresidente.

También serán menos los diputados, pero será electo uno por cada 30 mil habitantes de un municipio o fracción mayor de 15 mil, lo cual garantiza una representación más equitativa de los ciudadanos.

En el próximo proceso, 127 de los 168 municipios tendrán dos representantes.

Se mantienen dos procesos eleccionarios periódicos: los municipales, para la elección de los delegados a las asambleas del Poder Popular en esa instancia, sus presidentes y vicepresidentes, y los nacionales.

Sin embargo, el mandato de los delegados a las asambleas municipales se extiende hasta 5 años, y ahora tiene la misma duración que el de los diputados.

La Ley establece la creación del Consejo Electoral Nacional, con carácter permanente, al igual que sus homólogos provinciales y municipales.

Los gobernadores y vicegobernadores provinciales serán electos, simultáneamente, en todo el país.

Como la anterior, la nueva norma regula la organización y funcionamiento de los órganos del Estado, la rendición de cuenta y revocación de las autoridades.

El proyecto fue previamente discutido en varios encuentros, con la participación de casi 500 diputados y más de un centenar de invitados, tanto en calidad de especialistas, como de representantes de diversos sectores de la población.

Incorpora que, en el acto de constitución del Parlamento, el presidente de la República tome posesión de su cargo y actúe conforme con lo que disponga el órgano legislativo.

En la propia sesión de la Asamblea, también fueron aprobadas la Ley de Símbolos Patrios, que flexibiliza su empleo, siempre que se les guarde absoluto respeto, y la Ley de Pesca, primera del país en esa materia, que incluye a los pescadores del sector no estatal, promueve el incremento de la producción, pero regula la protección del medio ecológico.

 

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