La vida constitucional cubana es expresión de la propia historia de la nación, de su acontecer social y sus cambios políticos. Nació en medio de un proceso colonizador que truncó el desarrollo de la sociedad existente y es fruto también de la extensión a Cuba de algunas normativas constitucionales españolas que no se ajustaban al contexto.
En los momentos actuales, en los que el pueblo cubano profundiza en el análisis y discusión del Proyecto de Constitución de la República, por diferentes vías y medios se han divulgado importantes etapas y momentos decisivos en que han sido acordadas las Cartas Magnas antecesoras, sobre todo aquellas pensadas y llevadas a vías de hecho por los patriotas mambises en medio de las luchas por la independencia desde hace siglo y medio.
En esa fructífera etapa constitucional, que abarcó desde 1868 hasta 1897, destaca por su gran valor histórico y técnico la Constitución de La Yaya, aprobada y firmada el 29 de octubre de 1897 en el lugar de igual nombre en territorio de Camagüey, ubicado a 14 kilómetros de Sibanicú, y que fue una de las más importantes en la tradición del independentismo cubano en el siglo XIX, no obstante ser la última de ellas.
Su encargo fundamental estuvo en el cumplimiento de lo acordado en la Constitución de Jimaguayú (1895), al precisarse que transcurridos dos años de la misma, debía convocarse una asamblea mambisa con el fin de redactar una nueva Carta Magna y elegir el Consejo de Gobierno que ejercería sus funciones por un bienio más, dentro del propio proceso revolucionario e independentista que lo gestaba.
Debe recordarse que la vigencia de aquella Constitución quedó limitada así a dos períodos, debido a que los esfuerzos de los delegados constituyentes para organizar de manera adecuada los mandos civil y militar no alcanzaron los resultados anhelados y, para evitar enfrentamientos futuros, la responsabilidad recaería en una nueva Asamblea Constituyente al término de ese plazo.
Cumpliendo el mandato de Jimaguayú, los días entre el 10 y el 30 de octubre de 1897 se reunieron en el potrero La Yaya los 24 delegados designados, que eran representantes de los seis cuerpos de ejército insurrectos, quienes se encargan de suscribir la Constitución el día antes de finalizar sus sesiones.
Contaba con un preámbulo, cinco capítulos y 48 apartados. En esta se ratifica la anterior forma de gobierno, pero fija los requisitos para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la República en Armas, los que son asumidos por los patriotas Bartolomé Masó y Domingo Méndez Capote; sin embargo, omite el cargo de general en jefe del Ejército Libertador, lo que limitó el poder militar en manos del Generalísimo Máximo Gómez, y traslada al Consejo de Gobierno algunas de sus funciones y atribuciones.
Algunos estudiosos consideran que esta Constitución fue expresión de un retroceso con respecto a lo logrado por las anteriores.
En la Constitución de La Yaya queda explícito el ideal de una independencia total y sin concesiones, llegando a su punto más alto la fuente del derecho constitucional mambí, al ser expresión de la radicalización del pensamiento político cubano.
Con la intervención norteamericana en el conflicto hispano-cubano en 1898 se creó una difícil situación en Cuba, posibilitando así que las autoridades e instituciones establecidas por La Yaya y el ordenamiento jurídico fueran aplastados sin contemplaciones.
A pesar de los aspectos adversos que tuvieron que enfrentar, es indiscutible que las constituciones mambisas, dentro de las que se incluye la aprobada en La Yaya, sirvieron para institucionalizar, organizar y legalizar la acción revolucionaria, coadyuvar a catalizar el proceso de formación de la nación cubana y consolidar en un mismo proceso las ideas de Soberanía e Independencia con los conceptos de Pueblo, Patria, Revolución y República Democrática.
