Fue el entonces Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien oficializó el bloqueo económico, financiero y comercial, cumpliendo el mandato que le había encomendado el Congreso de los Estados Unidos, mediante la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961, al declarar el bloqueo total contra Cuba a partir de las 12.01 A.M del 6 de febrero de 1962, aunque ya desde 1959 se venían aplicando políticas de cerco contra Cuba.

Entonces el propósito era socavar puntos vitales de la defensa y la economía cubana, tales como la supresión de la cuota azucarera, y el no suministro y refinación de petróleo por parte de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad energética; hoy, a 51 años, continúan con la misma terquedad, fuera de contexto si nos percatamos que vivimos en el siglo XXI en medio de audaces invenciones que revolucionan cada día las tecnologías y los conceptos.

Esa política de los Estados Unidos contra Cuba la sigue caracterizando un recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo y mantiene las líneas principales trazadas desde el inicio del triunfo de la Revolución: bloqueo económico y comercial, para negarle a Cuba recursos que pudiera emplear en su desarrollo económico y social y fomentar así el descontento en el pueblo.

Son propósitos, igualmente, el lograr el aislamiento político y diplomático para impedir el apoyo a Cuba de la comunidad internacional, cuestión que tampoco han logrado, y dejar el campo abierto a la agresión militar de Estados Unidos contra Cuba; fomento de las acciones subversivas mediante el terrorismo, el sabotaje y las acciones de guerra sicológica para tratar de crear el caos que justificase la acción final: la invasión del territorio cubano por las fuerzas armadas regulares de Estados Unidos para derrocar el Gobierno Revolucionario y restaurar un régimen integrado por los elementos dispuestos a servir a los intereses del imperialismo yanqui.

No han cesado en su empeño de fortalecer las sanciones y la persecución extraterritorial contra ciudadanos, instituciones y empresas de terceros países que establezcan o se propongan establecer relaciones económicas, comerciales, financieras o científico - técnicas con Cuba, arrogándose, el Gobierno de los Estados Unidos, el derecho de decidir sobre asuntos que son atributos de la soberanía de otros Estados.

Y en medio de la locura por hacer más férreo el bloqueo aparece en 1996 la Ley Helms-Burton, aprobada por un Congreso controlado por los republicanos y firmada como ley por el presidente Bill Clinton, un demócrata.

De esa manera, por más de cinco décadas, es evidentemente antagónico el propósito manifiesto del bloqueo y el derecho humano del pueblo de Cuba de ejercer su libre determinación, derecho consagrado, además, de en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos Humanos y los artículos 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos.

Las leyes y los cuantiosos recursos invertidos, Estados Unidos ha fracasado en su política de agresión contra Cuba pues los cubanos cada vez más muestran su apego al sistema social que construyen y trabajan en la actualización de su modelo económico con el noble propósito de lograr la sociedad democrática, justa, equitativa y solidaria que diseñaron a partir de las prédicas de sus próceres y las virtudes de la fraternidad, el desinterés, la honestidad y la dignidad que siempre han caracterizado al cubano.

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