El incremento salarial a los trabajadores del sector presupuestado, que se hizo efectivo a partir del mes de julio, forma parte de una estrategia audaz e inteligente para defender la economía cubana de los multiplicados ataques del Gobierno de los Estados Unidos, además de impulsar el despegue del crecimiento económico, y a la par, incrementar el bienestar de más de un millón de familias.

La disposición responde a reiterados planteamientos de la población, respaldados por análisis de especialistas, y no representa un incremento del déficit presupuestario aprobado, ya que constituye una redistribución de los gastos, acompañado de una mejor ejecución del presupuesto.

Solo una sociedad socialista puede acometer semejante tarea, incluso en momentos muy complejos de la economía, porque los medios fundamentales de producción, principales aportadores al presupuesto, son de propiedad de todo el pueblo, que también es el beneficiario de los productos y servicios que financian.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y varios ministros, han insistido en que no se trata aun de la tan necesaria reforma salarial integral, sino de un paso previo hacia esta, mediante el incremento de los ingresos reales de los trabajadores del sector presupuestado, el menos favorecido salarialmente hasta este momento.

En los últimos años, por causas justificadas o, a veces, por una visión errónea del conjunto de la economía, se habían generado peligrosas distorsiones: la reducción a mínimos extremos de las diferencias salariales entre los grados de complejidad y responsabilidad laboral, lo cual, junto con otros muchos factores, trajo consigo una dejadez a la superación y un rechazo generalizado de las personas idóneas a ocupar cargos de dirección.

La debilidad del incentivo salarial generó un descenso muy marcado en la calidad de algunos servicios, y se convirtió, incluso, en una inadmisible “justificación” para el desvío de recursos, la exigencia de sobornos y otras prácticas ilegales.

Entre muchas consecuencias previsibles del incremento salarial, debe haber un crecimiento de la demanda interna, que incentive el aumento y diversificación de la producción y los servicios, con mayor eficiencia.

Es de esperar que se reduzca la migración de trabajadores calificados de sectores muy importantes, como la ciencia, la educación, la salud y la propia economía, hacia puestos de labor de menor calificación, en el sector empresarial y en el no estatal, en busca de mayores ingresos.

De hecho, desde el anuncio del incremento salarial, hay un multitudinario interés de jubilados y personas que habían migrado a otros sectores por retornar a sus antiguos puestos de labor.

El estado de opinión generalizado refleja la comprensión de la justeza de la medida y la disposición de los trabajadores de responder con mejor desempeño de sus labores.

No obstante, hay riesgos, y el principal es que se disparen los precios minoristas, lo cual anularía el efecto positivo de esa política y, además, reduciría el poder adquisitivo de todos los trabajadores, con un deterioro general del bienestar social.

Se ha insistido en que no hay fundamento económico para ningún aumento de precios y el Estado tiene suficientes prerrogativas para impedirlo.

Si no hubiera en Cuba un control estatal de los precios de productos y servicios básicos, el aumento salarial iría a parar a los bolsillos de unos cuantos y generaría más pobreza para la mayoría.

Pero el incremento salarial viene acompañado de decenas de otras disposiciones que, con una fuerte exigencia por parte de las autoridades y el indispensable respaldo de la población, deben conducir al paulatino despegue de la economía, a pesar del complejo entorno económico exterior.

Tales son los reajustes presupuestarios, las medidas de ahorro y otras, diseñadas para equilibrar las finanzas internas. Se acompaña también una marcada ofensiva en el cobro de deudas y contra la evasión fiscal.

Un complemento importante es el aumento y diversificación de la oferta de productos y servicios, para absorber el exceso de circulante, no mediante mayores precios, sino a partir de la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las familias.

En rasgos generales, el incremento salarial establece el salario mínimo de 400 pesos mensuales a los trabajadores del sector presupuestado, y sustanciosos aumentos, que en muchos casos duplican y más la cuantía anterior del salario.

El incremento alcanza a todos los trabajadores del sector presupuestado, que abarca a todos los centros de labor dependientes de los organismos de la administración central del Estado y del Gobierno (órganos locales del Poder popular).

Se incluyen las entidades presupuestadas con tratamiento especial, que obtienen ingresos por determinado encargo, pero esos ingresos no cubren todas sus necesidades financieras, y el presupuesto del Estado financia la diferencia.

El incremento se aplica al salario escala, no a pagos adicionales, muchos de los cuales desaparecen y se integran al propio salario escala.

Se generaliza el impuesto sobre ingresos personales, que ya se aplicaba en el sector empresarial, pero solo a los trabajadores que devenguen, como salario escala, de 2 mil 500 pesos en adelante.

Paralelamente, se incrementa la cuantía de la jubilación, que alcanza un mínimo de 280 pesos, e incluye aumentos escalonados y significativos para todos los jubilados que cobran hasta 500 pesos.

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